C.A.T
A principios del año 2003, la
administración española publicaba el
decreto sobre gestión de vehículos al final
de su vida útil, transposición de las
exigencias establecidas por la Unión Europa,
cuya finalidad era reducir las repercusión
de los vehículos sobre el medio
ambiente, trabajando en tres frentes:
desguazadores, fabricantes y usuarios.
Por un lado, se establecían una serie de normas para la correcta
gestión del vehículo al final de su vida útil que, en la
práctica, conllevaba la transformación de los ‘cementerios’ de coches
en modernas instalaciones, cuya finalidad
era recuperar y reciclar la mayor
parte posible del vehículo y estableciendo
unos plazos: en el año 2006 se reutilizará,
como mínimo, el 80% del peso
del vehículo y, en el 2015, el 85%.
Para ello, se unieron todas las partes y
crearon la Asociación Española para el
Tratamiento Mediambiental de los Vehículos
Fuera de Uso (SIGRAUTO), integrada
por la patronal de los fabricantes
(ANFAC), la asociación de desguazadores
(AEDRA), la asociación de importadores
de vehículos (ANIACAM) y
la Federación Española de Recuperación
(FER), cuyo objetivo era poner en
marcha una red de Centros Autorizados
de Tratamiento de Vehículos al Final de
su Vida Útil –que, a partir de ahora, conoceremos
como CAT– y que son los
modernos sucesores de los cementerios
de coches.
La nueva ley, en vigor desde el 1 de enero de 2004, obliga a los tradicionales desguaces
a reconvertirse en Centros Autorizados de Tratamiento (CAT)
a la vez que les habilita para tramitar la baja de los vehículos
mediante una serie de normas para la correcta gestión del vehículo al final de su vida útil,
recuperando y reciclando la mayor parte posible del vehículo.
El objetivo es asegurar un reciclado ecológico y eficiente de todos los componentes de los automóviles usados.
Una vez que el vehículo
llega al CAT, allí se realizarán una
serie de comprobaciones administrativas
(si tiene cargas pendientes...) y, a continuación,
se facilitará un certificado de
destrucción y también será gestionada la
baja del vehículo, incluyendo el cobro
de la tasa correspondiente.
Según la nueva normativa, estos centros
asumirán el papel de colaboradores
de la Administración.