C.A.T
A principios del año 2003, la administración española publicaba el decreto sobre
gestión de vehículos al final de su vida útil, transposición de las exigencias establecidas
por la Unión Europa, cuya finalidad era reducir las repercusión de los vehículos
sobre el medio ambiente, trabajando en tres frentes:
desguazadores, fabricantes y usuarios.
Por un lado, se establecían una serie de normas para la correcta gestión del vehículo
al final de su vida útil que, en la práctica, conllevaba la transformación de los
‘cementerios’ de coches en modernas instalaciones, cuya finalidad era recuperar
y reciclar la mayor parte posible del vehículo y estableciendo unos plazos: en el
año 2006 se reutilizará, como mínimo, el 80% del peso del vehículo y, en el 2015,
el 85%.
Para ello, se unieron todas las partes y crearon la Asociación Española para el
Tratamiento Mediambiental de los Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO), integrada
por la patronal de los fabricantes (ANFAC), la asociación de desguazadores
(AEDRA), la asociación de importadores de vehículos (ANIACAM) y la
Federación Española de Recuperación (FER), cuyo objetivo era poner en marcha
una red de Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos al Final de su Vida Útil
–que, a partir de ahora, conoceremos como CAT– y que son los modernos sucesores
de los cementerios de coches.
La nueva ley, en vigor desde el 1 de enero de 2004, obliga a los tradicionales
desguaces a reconvertirse en Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) a la
vez que les habilita para tramitar la baja de los vehículos mediante una serie de
normas para la correcta gestión del vehículo al final de su vida útil, recuperando
y reciclando la mayor parte posible del vehículo. El objetivo es asegurar un reciclado
ecológico y eficiente de todos los componentes de los automóviles usados.
Una vez que el vehículo llega al CAT, allí se realizarán una serie de comprobaciones
administrativas (si tiene cargas pendientes...) y, a continuación, se facilitará
un certificado de destrucción y también será gestionada la baja del vehículo, incluyendo
el cobro de la tasa correspondiente. Según la nueva normativa, estos centros asumirán
el papel de colaboradores de la Administración.