A principios del año 2003, la administración española publicaba el decreto sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, transposición de las exigencias establecidas por la Unión Europa, cuya finalidad era reducir las repercusión de los vehículos sobre el medio ambiente, trabajando en tres frentes: sigrauto desguazadores, fabricantes y usuarios.

Por un lado, se establecían una serie de normas para la correcta gestión del vehículo al final de su vida útil que, en la práctica, conllevaba la transformación de los ‘cementerios’ de coches en modernas instalaciones, cuya finalidad era recuperar y reciclar la mayor parte posible del vehículo y estableciendo unos plazos: en el año 2006 se reutilizará, como mínimo, el 80% del peso del vehículo y, en el 2015, el 85%.

Para ello, se unieron todas las partes y crearon la Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO), integrada por la patronal de los fabricantes (ANFAC), la asociación de desguazadores (AEDRA), la asociación de importadores de vehículos (ANIACAM) y la Federación Española de Recuperación (FER), cuyo objetivo era poner en marcha una red de Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos al Final de su Vida Útil que, a partir de ahora, conoceremos como CAT y que son los modernos sucesores de los cementerios de coches.

La nueva ley, en vigor desde el 1 de enero de 2004, obliga a los tradicionales desguaces a reconvertirse en Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) a la vez que les habilita para tramitar la baja de los vehículos mediante una serie de normas para la correcta gestión del vehículo al final de su vida útil, recuperando y reciclando la mayor parte posible del vehículo.

El objetivo es asegurar un reciclado ecológico y eficiente de todos los componentes de los automóviles usados.